Eximición del IVA al servicio de Energía Eléctrica

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, SANCIONAN CON FUERZA DE RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 1.- Reclamar al Poder Legislativo de la Nación la modificación de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto sustituido por la Ley Nº 23.349, y sus modificaciones, eximiendo del tributo a la provisión o distribución de energía eléctrica cuando la misma se efectué a domicilios destinados exclusivamente a vivienda.

ARTÍCULO 2.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.-

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Al Presidente de la Honorable Cámara Senadores:

El acceso al servicio público de energía eléctrica constituye el mecanismo de garantía de derechos humanos como la vida, la salud, la educación, el desarrollo, reconocidos todos ellos por la Constitución y por diversos Tratados Internacionales con igual jerarquía.

Que es por ello que la energía eléctrica domiciliaria debe ser tenida en cuenta como un medio a través del cual se garantiza su prestación como instrumento para lograr el ejercicio de derechos humanos fundamentales y un nivel de vida adecuado que permita el desarrollo de las personas y las comunidades.

Que así se ha expedido el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el cual mediante Resolución Nº 711/99 del 1 de Junio de 1999 sostuvo que: “…el abastecimiento de electricidad está considerado un servicio público esencial y primario en cuanto no sólo satisface directamente la necesidad de disponibilidad de energía, sino que también permite la cobertura de otros servicios esenciales como la provisión de agua, salud pública, educación, comunicaciones, etc.…” (el subrayado me pertenece).

Que desde una perspectiva de derechos humanos, el servicio público de la energía eléctrica, y la continuidad del mismo, deben analizarse por las implicaciones que puede tener en las condiciones de vida y la salud de las personas.-

Que al ser considerada como servicio público de carácter esencial, la distribución o provisión de energía eléctrica debería estar exenta del impuesto al valor agregado.

Que en efecto, se estima que entraña una contradicción que la prestación de un servicio público esencial, que además es desarrollado por el Estado, sea objeto de tributación.

Que por un lado, el carácter esencial que asume la provisión de energía eléctrica, demanda que su costo para llegar a la prestación efectiva y satisfacción de la necesidad del usuario, debería acotarse a los rubros estrictamente imprescindibles para lograr tal finalidad.

Que en ese sentido, toda adición de componentes tributarios, y como mayor razón si se trata de impuestos, debería ser considerada como una valla irrazonable para los objetivos del carácter esencial que reviste el servicio público.

Que los impuestos aplicados a la actividad de prestación de un servicio público, no encuentran una justificación razonable, toda vez que se trata de un tributo de carácter general y permanente establecido para atender a las necesidades indeterminadas del Estado. Con lo cual se transforma en una carga que no contribuye en absoluto a facilitar la prestación del servicio y solamente provoca en materia social un encarecimiento en la tarifa que debe sufragar el usuario del servicio.

Que en otro orden, también genera una situación de controversia interna en el mismo Estado, o en caso de Fiscos de otras jurisdicciones una controversia externa, dado que en estos casos no se reconoce el “Principio de Inmunidad Fiscal del Estado”, que implica la exclusión de la sujeción al poder fiscal del Estado en cualquiera de sus niveles cuando actúa en su función propia, es decir cuando el Estado no desarrolla actividades empresariales, comerciales o industriales.

Que en este sentido deber recordarse que la personalidad  jurídica del Estado es única y  siempre  pública,  aun cuando actúe en gestión de servicios públicos o en gestión  de empresa pública, a pesar  de que su actividad pueda estar regulada por el derecho público o el derecho privado (Cfr. PTN Dictámenes 197:18), por lo cual la pretensión tributaria sobre sí mismo se torna sin sentido.

Que en este sentido en doctrina se sostiene que “La  inmunidad  fiscal  de  las  entidades  públicas  y  de sus dependencias  respecto  a    los  impuestos  es,  al  contrario,  una consecuencia  de  la  naturaleza  substancial  del  hecho imponible,  en correspondencia con su causa jurídica. El presupuesto de hecho de todo impuesto tiene naturaleza económica, consiste en una actividad o situación  económica,  de  la  cual  resulta  capacidad  contributiva.  La capacidad contributiva significa apreciación  por parte del legislador de  que  el  hecho  económico  que  se  ha  verificado  para el  sujeto  le permite distraer una suma de dinero de sus necesidades privadas para destinarla  a  contribuir  a  los  gastos  públicos. Pero  estos  conceptos básicos  del  hecho  imponible  no  tendrían  sentido  si el hecho imponible se atribuyera al Estado o a las entidades públicas o a las dependencias de ellas. Las situaciones o las actividades económicas de  las  mismas  nunca  representan  capacidad  contributiva,  porque toda  la  riqueza  del  Estado  ya  sirve  directamente  a las  finalidades públicas y sería sin sentido atribuirle una capacidad de contribución a  las  finalidades  para  las  cuales  toda  su  actividad  y  su  existencia misma están destinadas” (Dino Jarach. El Hecho Imponible. Ed. Abeledo – Perrot. Segunda Edición. 1971. Pág. 197).

En este sentido Mario Enrique Althabe dice: …que aunque se trate de empresas que producen bienes, el solo carácter estatal inhibe considerar “comercial” sus actividades, por la ausencia de un fin lucrativo propio. (ALTHABE Mario Enrique, El impuesto sobre los ingresos brutos, 2da. Edición actualizada, La Ley, Buenos Aires, año 2003, Pág. 162).

Que por lo expuesto se solicita se requiera al Congreso Nacional la emisión de una ley por la cual se exima del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la actividad de provisión o distribución de energía eléctrica.-

 

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