Modificación de la Ley de IOSCOR

PROYECTO DE LEY

 Autor: Defensoría del Pueblo

TemaModificación Ley 3341. Instituto Obra Social Provincia de Corrientes.-

 

FUNDAMENTOS

El presente proyecto propone la modificación de la Ley N° 3341 (Modificada por Leyes: 3421, 3735, 3777, 3932, 4283, 5009, 6023 y 6154; reglamentada por Decretos 1180/77, 1493/77, 2466/81 y 3859/85.)

La Ley Nº 3.341, crea el Servicio de Obra Social estableciendo que, “tendrá por objeto la concreción de las finalidades que el Estado tiene en materia de Seguridad Social, facilitando a sus afiliados y su grupo familiar primario la prestación por si, o por medio de terceros de servicios médicos y otros beneficios sociales destinados a la promoción y asistencia social de los afiliados.-“

Que resulta necesario actualizar dicha norma, acorde a las modificaciones que sufrieron las  instituciones familiares en el nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina.

El Código Civil, como código de fondo y marco normativo de las leyes, regula sobre la constitución y prueba de las Uniones Convivenciales, establece que “…las disposiciones se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo.” El art. 510.- “… El reconocimiento de los efectos jurídicos previstos por este Título a las uniones convivenciales requiere que: … e) mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años.” Y el Art. 511: expresamente establece que “…La existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado, se inscriben en el registro que corresponda a la jurisdicción local, sólo a los fines probatorios.” El Art. 512 se refiere a la Prueba de la unión convivencial. “La unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en el Registro de uniones convivenciales es prueba suficiente de su existencia. No queda lugar a dudas que el Certificado de unión Convivencial emitido por el Registro Civil de las Personas constituyen plena prueba de la convivencia. No pudiendo una ley inferior exigir más requisitos.

 

El avance de la autonomía de la voluntad en el Derecho de Familia no es ajeno al ámbito del derecho matrimonial. Precisamente, ha sido en este campo en el cual la jurisprudencia y doctrina nacional y comparada muestra un desarrollo exponencial del principio previsto en el artículo 19 de la Constitución Nacional; prueba de ello son diversas sentencias que declaran la inconstitucionalidad de algunos artículos del código derogado por atacar el principio de libertad de los cónyuges en la construcción, vida y ruptura matrimonial. El Código amplía la aptitud de decisión de los integrantes del matrimonio y de las Uniones Convivenciales.

Además, es necesario lograr congruencia con los Principios impuestos en el Derecho Nacional y que fueron receptados del Derecho Internacional, a través de las diversas Convenciones y Tratados adheridos por nuestro País.

Nuestra Constitución Nacional, ha dado jerarquía Constitucional a numerosos Tratados y Convenciones Internacionales, a fin de establecer la no discriminación contra la Mujer en ningún aspecto, la igualdad de Derechos y obligaciones entre ambos padres y por sobre todo la prioridad de los derechos del niño. La Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, establece la igualdad de Derechos en todas las áreas, incluyendo el Laboral y Social. La Convención de los Derechos del Niño en su art. 18 establece el principio de que ambos Padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del Niño, y su correlato, la Ley 26.061 de Protección integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en su art. 7,  2º  párrafo dice “El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijo”.

La Constitución de la Provincia de Corrientes en su art. 45 dispone: “El Estado garantiza la igualdad real de oportunidades para mujeres y varones en lo cultural, económico, laboral, político, social y familiar; incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas y estimula la modificación de los patrones socio culturales con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros…”. El Código Civil en su art. 638 determina la Responsabilidad parental como “…conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral…” 

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes en Expediente Nº GXP – 19389/13, caratulado: “SEGOVIA CATALINO JULIAN Y OTRA POR SUS HIJOS MENORES C/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE CORRIENTES (I.O.S.COR.) S/ AMPAROratificó el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, que en su fallo dice: “…Afirmó luego que en el caso concurre la nota de excepcionalidad que habilita la declaración de inconstitucionalidad por cuanto la resolución 5846/13 vulneró normas jerárquicamente superiores a raíz de una interpretación disfuncional del art. 7° de la ley provincial 3341/77, en detrimento del derecho humano a la salud al privar de la obra social a dos menores, en contravención a la normativa constitucional e internacional que progresivamente velan por la preservación del interés superior del niño y la preservación de la salud…”

La Constitución de nuestra Provincia, en su Art. 44 refiere a los Derechos de los Discapacitados, así: “La familia, la sociedad y el Estado tienen a su cargo la protección integral de las personas con discapacidad y deben proveer a su desarrollo e integración económica, social y cultural. El Estado asegura y garantiza a las personas con discapacidad, por medio de acciones positivas, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, las leyes y esta Constitución, sancionando todo acto discriminatorio en perjuicio de los mismos…”

La Convención  sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece: “El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente…”, en su Art. 4:” Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención; b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;…-“

Además en su Art. 25 refiere a la Salud: “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud…”

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, del 23 de mayo de 1969 expresa en su art. 27. “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.”

Que no se discute el Derecho a la Salud de los Niños y de los Discapacitados, la igualdad de derecho entre el Hombre y la Mujer en tener a cargo a sus hijos en los beneficios Sociales, en reconocer los instrumentos Públicos implementados por Ley como único requisito para acreditar la Discapacidad o la Unión Convivencial.

Pero ese Derecho debe ser ejecutado con la sola petición de su aplicación, sin necesidad de recurrir a la Vía Judicial para poder obtenerlo, demorando sin pretexto el goce del mismo y dejando carentes de cobertura social a los más vulnerables de la sociedad.

Por todo lo expuesto, la modificación de la Ley Nº 3341, tiene como fin actualizar       conforme al régimen normativo vigente que regula las relaciones de familia, Discapacidad, Igualdad y demás Derechos Humanos.

 

 

POR ELLO:

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

SANCIONAN CON FUERZA DE

 

L  E  Y  

ARTÍCULO  1º: MODIFÍCASE el Artículo  5º de la Ley N° 3341, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 5º.-  LAS personas comprendidas en el artículo anterior serán afiliados titulares del Instituto de Obra Social.

 Ambos progenitores tendrán  el derecho a optar sobre quien tendrá a cargo a sus hijos, de conformidad al Art. 7º inc. C de la presente Ley, siendo único requisito para su alta la presentación de la constancia de afiliación que certifique de que el menor no está amparado efectivamente por otra Obra Social.

Los beneficiarios discapacitados deberán presentar el Certificado Único de discapacidad, como acreditación única y suficiente de su discapacidad, expedido por la Junta Evaluadora de Discapacidad dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes, o el Órganismo que en futuro lo reemplace. Quedando el Instituto de Obra Social obligado a proporcionar las prestaciones que allí se indiquen, además de las que se prescriban por afecciones derivadas de su discapacidad.-

 

ARTÍCULO 2º: MODIFÍCASE el Artículo 7º de la Ley N° 3341 y modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 7º.-  REVISTEN la calidad de beneficiarios del servicio de Obra Social el afiliado titular y su grupo familiar primario, entendiéndose por tal el que se compone:

  1. a) De los cónyuges, mientras no se produzca el divorcio, dispuestos por resolución judicial firme.
  2. b) De los Convivientes:1) Que acrediten por cualquier medio fehaciente la existencia de la unión convivencial, siempre que no exista ningún impedimento legal de los enumerados en el artículo 510 del CC y CN y que dicha unión tuviere como mínimo dos (2) años. 2) que acreditare descendencia o embarazo en curso de la mujer con el correspondiente certificado de embarazo. 3) que acrediten la convivencia con el Acta de Unión Convivencial expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Corrientes, constituyendo éste plena prueba de la existencia de la convivencia y el cumplimiento de los requisitos legales.

 

  1. c) De los hijos menores de dieciocho (18) años no emancipados y los que habiendo cumplido la mayoría de edad integren el grupo familiar, permaneciendo solteros y acreditando cursar en forma regular estudios de cualquier nivel hasta los veintisiete (27) años;
  2. d) De los menores a cargo del afiliado por resolución judicial competente, con el límite de edad prescripto en el inciso anterior.
  3. e) De los personas declarados incapaces en juicio a cargo del afiliado como así también de las personas con discapacidad que acrediten su condición de tal, sin límite de edad;
  4. f) De los ascendientes en primer grado al afiliado cuando se hallaren a su cargo. La pérdida de la filiación del titular extingue la calidad de beneficiarios a los integrantes de su grupo familiar primario, salvo lo dispuesto en el articulo 8º.”

ARTÍCULO 3º: MODIFÍCASE el Artículo 7º bis de la Ley N° 3341, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 7º bis.- NO tendrán derecho a revestir la calidad de beneficiarios del servicio de Obra Social los componentes del grupo familiar primario que estén amparados efectivamente por otra obra social, con excepción de:

  1. a) Las personas con discapacidad que acrediten su condición de tal sin límite de edad; conforme lo establecido en el art. 5ª de la presente Ley.
  2. b) Los ex soldados conscriptos que combatieron en las Islas Malvinas contemplados en la Ley Provincial 5507 y sus modificatorias y los familiares de los mismos incluidos en los incisos a), b) y c) del Articulo 7º. Salvo que los mencionados familiares se encuentren amparados efectivamente, en carácter de titulares, por otra obra social.
  3. c) Se considera que una persona está efectivamente amparada por otra Obra Social cuando obrare informe o constancia de afiliación emitido por esta última, comunicando la calidad de afiliado y fecha de alta.”

             

ARTÍCULO 9°: DE FORMA.-

“PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. INCORPORACIÓN DE LA TEMÁTICA A LOS CONTENIDOS DE LA CURRÍCULA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA”

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, SANCIONAN CON FUERZA DE

L      E     Y

 

ARTÍCULO 1º: Incorpórese el abordaje de la temática “Prevención y erradicación de la violencia contra la mujer” a los contenidos de la currícula en los espacios, áreas y asignaturas pertinentes de la Educación Secundaria de la Provincia de Corrientes en los establecimientos de Educación Pública de Gestión Estatal y Gestión Privada, con el objetivo de desarrollar y fortalecer saberes, actitudes y valores que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, propiciando la construcción de una sociedad más justa.

ARTICULO 2°: Dé forma.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al Presidente de la Honorable Cámara Senadores:

Que la violencia contra la mujer vulnera Derechos Humanos fundamentales y es una realidad diaria vivida por miles de mujeres en la Argentina.

Que la violencia contra la mujer, en sus diversas formas, infringe daño a la integridad física, psíquica y moral de quien la padece. Menoscaba la dignidad y en su manifestación más extrema, atenta directamente contra la vida.

Que en la Argentina, cada 30 horas una mujer pierde la vida víctima de un femicidio.

Que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem do Pará” entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Que la ley 26485 en su artículo 4 prescribe que la violencia contra la mujer es “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”

Que la Constitución de la Provincia de Corrientes en su artículo 45 que prevé que “El Estado garantiza la igualdad real de oportunidades para mujeres y varones en lo cultural, económico, laboral, político, social y familiar; incorpora la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas y estimula la modificación de los patrones socio culturales con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros”

Que la violencia contra la mujer se ejerce en diversos ámbitos, pudiendo manifestarse como doméstica, institucional, económica, laboral u obstétrica, entre otras.

Que están vigentes en nuestro país la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer incorporados por el artículo 75 inc. 22. como Tratados con jerarquía Constitucional, el Protocolo facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (aprobado por ley N° 26171), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer- Convención de Belem do Pará (aprobada por la ley nacional N° 24632 a la cual se adhirió la Provincia de Corrientes por ley N° 5464), los incisos 1, 4, 11 y 12 del artículo 80 y 80 in fine del  Código Penal argentino, las leyes nacionales N° 24.417 de violencia intra familiar, N° 25.929 de Derechos de Padres, Madres e Hijos/as durante el Proceso de Nacimiento o Ley de “Parto Humanizado”, N° 26.485 de “Protección Integral a las mujeres” y N° 27234 “ Educar en igualdad”.

Que la Ley de Educación Nacional N° 26206 en su artículo 3 prescribe que la educación se constituye como política de Estado para construir una sociedad justa y respetar los Derechos Humanos y Libertades fundamentales, y en su artículo 8 consagra que la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas.

Que para lograr prevenir y erradicacar la compleja problemática social en cuestión, necesariamente debe realizarse un abordaje desde diferentes ámbitos y organismos.

Que la escuela en su eminente función social, se convierte en el ámbito propicio para que desde temprana edad los alumnos internalicen y adopten el trato respetuoso hacia la mujer y sus derechos, modifiquen  patrones socio culturales negativos, se involucren con la realidad social y asuman un rol protagónico actuando como agentes multiplicadores de los saberes, valores y actitudes aprendidos.

Que en el caso del proyecto que se pone a consideración, se propone la incorporación a los contenidos de la currícula de la Educación Secundaria de la Provincia, el tema “Prevención y erradicación de la violencia contra la mujer” en los establecimientos de Educación Pública de Gestión Estatal y de Gestión Privada.

Que el abordaje de la temática en cuestión, en los espacios, áreas y asignaturas pertinentes de la currícula, será un aporte trascendental para la visibilización, sensibilización y desnaturalización de un flagelo instalado en la sociedad contribuyendo, en consecuencia a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Por lo expuesto, en orden a coadyuvar al cumplimiento de los fines del plexo normativo enunciado ut supra, y a contribuir a la construcción de una sociedad más justa, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

“PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DEL TRABAJO ADOLESCENTE. INCORPORACIÓN DE LA TEMÁTICA A LOS CONTENIDOS DE LA CURRÍCULA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA”

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, SANCIONAN CON FUERZA DE

L      E     Y

ARTÍCULO 1º: Incorpórese el abordaje de la temática “Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente” a los contenidos de la currícula en los espacios, áreas y asignaturas pertinentes de la Educación Primaria y Secundaria de la Provincia de Corrientes en los establecimientos de Educación Pública de Gestión Estatal y Gestión Privada, con el objetivo de desarrollar y fortalecer saberes, actitudes y valores que contribuyan a prevenir y erradicar el trabajo infantil y a proteger el trabajo adolescente, propiciando la construcción de una sociedad más justa.

ARTICULO 2°: Dé forma.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al Presidente de la Honorable Cámara Senadores:

Que el ordenamiento normativo argentino prohibe el trabajo infantil y protege el trabajo adolescente.

Que el trabajo infantil es una violación a un Derecho Humano fundamental.

Que se encuentran vigentes en nuestro país, la “Convención sobre los Derechos del Niño” incorporada con jerarquía constitucional por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 138 de “Edad Mínima de Admisión al Empleo” y 182 referido a las “Peores Formas de Trabajo Infantil”, las leyes nacionales: N° 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, 26.390 de “Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente”, 26.727 “Régimen Nacional de Trabajo Agrario”, N° 26.844 Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particularesy N° 26847 que incorpora el artículo 148 bis al Código Penal y el Decreto 1171/2016.

Que la Ley de Educación Nacional N° 26206 en su artículo 3 prescribe que la educación se constituye como política de Estado para construir una sociedad justa y respetar los Derechos Humanos y Libertades fundamentales, y en su artículo 8 consagra que la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas.

Que la Constitución de la Provincia de Corrientes prevé en su artículo 41 que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en forma integral y que el Estado legislará y promoverá medidas de acción positiva que tengan por objeto esencial la prevención, detección temprana y amparo de las situaciones de amenaza o violación de los principios, derechos y garantías del niño, de la niña y del adolescente, especialmente de los que se encuentren en situación de riesgo.

Que la ley provincial N° 5687 “Estatuto Jurídico del Menor de edad y la Familia”, en su artículo 27 garantiza que el Estado adoptará las medidas adecuadas para prevenir y reprimir la explotación de niños y adolescentes y la violación de la legislación laboral vigente.

Que el complejo fenómeno del trabajo infantil, una de las demostraciones más evidentes de la pobreza estructural, conlleva inevitablemente la exposición a riesgos en la salud psíquica, física y social del niño que lo padece, por lo tanto atenta contra su desarrollo moral, espiritual y educativo (expresado en el analfabetismo, bajo rendimiento o deserción escolar). El niño que trabaja expone su integridad, expone su vida.

Que la explotación infantil y la desprotección adolescente, por el daño presente y futuro que ocasiona a sus víctimas afecta las propias bases de la sociedad, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho.

Que para  lograr la prevención y erradicación del trabajo infantil y para proteger el trabajo adolescente en necesario el abordaje de la problemática desde diferentes ámbitos y organismos.

Que la escuela en su eminente función social, se convierte en el ámbito propicio para que desde temprana edad los alumnos conozcan, comprendan e internalicen sus Derechos Humanos fundamentales y se involucren con la realidad social, aprendan a distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo prohibido de lo permitido y finalmente actúen como agentes multiplicadores de los saberes, valores y actitudes aprendidos.

Que en el caso del proyecto que se pone a consideración, se propone establecer como medida de acción positiva la incorporación a los contenidos de la currícula de la Educación Primaria y Secundaria de la Provincia el tema “Prohibición del Trabajo infantil y Protección del Trabajo adolescente” en los establecimientos de Educación Pública de Gestión Estatal y de Gestión Privada.

Que el abordaje de la temática en cuestión, en los espacios, áreas y asignaturas pertinentes de la currícula, será un aporte trascendental para la concientización, sensibilización y desnaturalización de un flagelo instalado en la sociedad contribuyendo, en consecuencia, a la prevención de la explotación de niños, niñas y adolescentes.

Por lo expuesto, en orden a coadyuvar al cumplimiento de los fines del plexo normativo enunciado ut supra, y a contribuir a la construcción de una sociedad más justa, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.